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El Polo Democrático Alternativo envía Derecho de petición al Concejo con ocasión del inicio de deliberaciones del Plan de Desarrollo municipal

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3 de mayo de 2020

Señor:

DAIRO GERMÁN PEDRAZA

Presidente Concejo Municipal de Funza

Ciudad

Asunto: Derecho de petición con ocasión del inicio de la discusión del Plan de Desarrollo Municipal.

Cordial saludo.

Mediante el uso del Derecho de petición, y frente al anuncio de la Corporación Concejo Municipal de iniciar el estudio y debate del Plan de Desarrollo 2020-2023, el Polo Democrático Alternativo de Funza, se permite dirigirse a su despacho, y de manera pública, para plantear algunas ideas sobre esta deliberación. De acuerdo con el manual interno, Acuerdo 005 de 2013, artículo 58, solicitamos que sea leída la presente misiva en el punto denominado “Lectura de correspondencia general”, como además lo dispuso el presidente de esta corporación desde principios de año cuando estuvimos haciendo algunas intervenciones en el recinto de manera personal.

Actualmente por la propagación de la pandemia del COVID-19, y la situación de aislamiento forzoso, se plantean dos discusiones: La ciudadanía no puede participar en la toma de esta decisión porque los espacios de participación están cerrados, y los primeros anuncios de la Alcaldía parecen no tener en cuenta los efectos del Covid-19, ya que los programas se proyectaron sin tener en cuenta los efectos del coronavirus, y la realidad cambió haciendo que se tenga que modificar el Plan de Desarrollo.

Nuestro partido en Funza ha suscrito, recientemente, la siguiente carta abierta que diferentes plataformas y organizaciones defensoras de derechos humanos, han formulado, y que parece pertinente compartir con su despacho, en el inicio de estas discusiones sobre el Plan de Desarrollo. Hemos modificado varios apartes para que sean pertinentes con la situación local del municipio:

Queremos expresar nuestra preocupación porque las medidas tomadas para frenar el avance del Covid-19 incrementen los riesgos de violación de derechos humanos en Colombia, de manera particular preocupan los efectos del aislamiento obligatorio en una gran parte de la población que no está en capacidad de asumir sin poner en riesgo sus derechos fundamentales. Además, el esquema de salud que ya se encontraba en condiciones precarias y que no brinda garantías dignas para la población en general se encuentra ante una situación límite que obliga a pensar en la necesidad de generar cambios estructurales y la urgencia de tomar medidas inmediatas que permitan un acceso oportuno a los sistemas de salud, y que el personal de servicio sanitario tenga las garantías suficientes para cumplir con su labor sin sufrir actos de discriminación.

Este difícil momento coincide con el periodo de revisión y aprobación del Plan de Desarrollo Municipal. En condiciones normales, este proceso se debería desarrollar en un contexto de amplia deliberación y participación ciudadana, sin embargo, la imposibilidad de generar espacios de encuentro, ha puesto obstáculos para que las personas participen de manera efectiva en la formulación de los mismos.

Aunque esto supone retos importantes en la planeación de las políticas públicas que serán implementadas en todo el país, ésta es también una oportunidad valiosa para incorporar cambios que permitan priorizar la vida e integridad de todas las personas y tomar medidas para la protección de quienes por distintas razones se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, recomendamos a las autoridades del orden municipal que el Plan de desarrollo municipal incorpore las siguientes medidas:

SOBRE EL PROCESO DE FORMULACIÓN, APROBACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL:

  • Los diagnósticos que sirven de base para la formulación del Plan de desarrollo municipal deben tener cambios de fondo e incorporar las exigencias que supone esta pandemia y la superación de la crisis. Se advierten graves impactos en los principales factores que determinan el acceso a bienes y servicios básicos; con lo cual el análisis de cierre de brechas realizado a comienzos de año ya no tendría vigencia. Entre otros, deben ponerse en consideración los diagnósticos existentes en materia económica, pues los impactos de la coyuntura generan cambios importantes sobre los ingresos de los entes territoriales, el recaudo propio y las transferencias nacionales.
  • La Alcaldía debe tomar medidas excepcionales para garantizar la participación ciudadana en la formulación, seguimiento y control social del Plan de Desarrollo Municipal. Si bien, los medios electrónicos han adquirido especial importancia durante este periodo, es necesario contemplar las necesidades particulares en los territorios en donde esta solución no es viable, principalmente para nuestras zonas rurales, siete veredas en total que componen el municipio. Se debe fortalecer la consulta y relacionamiento de la ciudadanía con la alcaldía, Concejo municipal, y el Consejo Territorial de Planeación, como máximas instancias de participación para la planeación, y estudiar la posibilidad de ampliación de los plazos para la aprobación o para hacer los ajustes al Plan de Desarrollo Municipal.
  • El municipio tiene el deber de ordenar el desarrollo territorial en consonancia con los criterios y necesidades definidos desde lo local. Es necesario tomar medidas encaminadas a garantizar la conservación ambiental y la defensa del patrimonio ecológico territorial.
  • Debe promoverse y favorecerse la participación como derecho fundamental. En este caso el municipio debe diseñar estrategias pertinentes para la participación ciudadana real y efectiva, y crear canales de interacción entre el gobierno y la ciudadanía.

SOBRE LAS MEDIDAS QUE DEBEN SER TOMADAS EN COORDINACIÓN ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y EL ENTE TERRITORIAL:

  • Las medidas tomadas para mitigar los efectos del COVID-19 deben basarse en la mejor evidencia científica. En este sentido, es deseable que a nivel municipal se conforme un comité científico e interdisciplinar permanente que además asesore a la Alcaldía y al Concejo. Este comité deberá acompañar la toma de decisiones y comunicarlas de manera transparente a la sociedad funzana.
  • El gobierno local no debe abusar de los poderes excepcionales que posee ante las condiciones de emergencia actuales. En este sentido, no pueden establecerse medidas restrictivas abusivas o infundadas y su vigencia debe limitarse al tiempo estrictamente necesario. Además, en ningún caso las decisiones de política pública pueden desconocer las obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Esto para evitar abusos que podrían ser legales con ocasión de la aprobación del Acuerdo No. 005 de 2020.
  • A nivel nacional se deben flexibilizar las condiciones existentes para acceder a los fondos de regalías con el fin de cofinanciar las medidas de recuperación y revertir el modelo actual que es excluyente con los municipios más pobres.
  • A nivel nacional, se debe autorizar el cambio de destinación de transferencias con el propósito de financiar medidas de recuperación.
  • Suspender o variar la aplicación de las herramientas de evaluación de desempeño fiscal del Departamento Nacional de Planeación, de forma tal que la administración municipal dé prioridad a las necesidades sociales y económicas de nuestro territorio, sin temor a descender en la escala de calificación y ver castigadas las transferencias nacionales
  • Incentivar la formulación de planes articulados en lo territorial a partir de figuras como las de Provincias o Regiones. Esto es muy importante para el caso de Funza, toda vez que al momento de la redacción de la presente misiva nuestro municipio ha acordado la adopción de medidas conjuntas con los municipios de sabana occidente, y en éstos el nuestro es el que mayor número de contagiados de COVID-19 registra a la fecha, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Salud.
  • Las entidades territoriales deben aportar al sostenimiento de centros penitenciarios, así como tomar medidas para garantizar la alimentación adecuada, el acceso a la salud y condiciones mínimas de ventilación, agua, luz e higiene para la población privada de la libertad.
  • Cooperación internacional. Ya que esta crisis es un problema que se está presentando a nivel mundial, es necesario abordarla desde un enfoque amplio y en diálogo permanente con otros países. Si no se realizan acciones coordinadas a nivel internacional, no será posible superar la crisis.

SOBRE EL DERECHO A LA SALUD

  • Deben plantearse medidas inmediatas en materia de salud pública de orden municipal en las que la salud se reconozca como un derecho y prime sobre la rentabilidad de las empresas privadas. Se hace urgente priorizar el fortalecimiento de la red hospitalaria pública, a través de medidas como tomar el control del sistema de salud municipal, el cual está adscrito al departamento, haciendo inviable la autonomía alrededor del mismo. Igualmente, para el Polo Democrático Alternativo de Funza es preocupante la aprobación de la Ordenanza Departamental No. 007 de 2020, mediante la cual se autoriza al gobernador Nicolás García a suprimir o fusionar hospitales públicos.
  • Es recomendable que el municipio adopte medidas que le permitan apropiar en el presupuesto general las partidas para la ejecución de los planes y programas del sector salud con el fin de cubrir los déficits de atención que no se pueden resolver a través de subsidios a la demanda y en donde se incorpore además el cuidado en salud mental.
  • Aumentar el presupuesto destinado a este sector, garantizando el acceso a la salud para todas las personas, infraestructura adecuada para afrontar crisis de alta magnitud y complejidad. Aumentar la capacidad de respuesta de la red hospitalaria.
  • Asegurar los derechos laborales y de protección social del conjunto de trabajadores y trabajadoras de la salud. Además, incentivar la producción de elementos sanitarios como mascarillas, alcohol, implementos médicos, medicamentos y respiradores artificiales.

SOBRE LA PLENA GARANTÍA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES (DESCA)

  • Teniendo en cuenta que el 64% de la población en Colombia vive del trabajo informal, el Plan de Desarrollo Municipal debe incorporar medidas para garantizar una renta básica universal con la cual se aseguren ingresos para toda la población, con énfasis en aquellas personas que se encuentran en condiciones de especial vulnerabilidad. Sobre el papel del Concejo Municipal, preocupa la aprobación del Acuerdo No. 006 de 2020, el cual estableció los lineamientos normativos y procedimientos para el aprovechamiento del espacio público, aprobado en plena pandemia y aislamiento obligatorio nacional. El susodicho acuerdo podría ser una afrenta a ese amplio conjunto de la población funzana que se encuentra en condiciones de informalidad.
  • Es prioritario incorporar en el Plan de Desarrollo Municipal incentivos para la reactivación económica, lo que incluye: revisión de la política tributaria municipal, incentivos y subsidios a micro, pequeña y mediana empresa, generación de cadenas productivas propias locales.
  • Aliviar las cargas económicas de las MIPYMES a través de medidas como la postergación del cobro de impuestos municipales como el predial y de industria y comercio. Incentivar cadenas de producción locales con estas empresas y promover la adquisición de bienes y servicios públicos con las micro, pequeñas y medianas empresas. El Plan de Desarrollo Municipal debe promover políticas, programas, planes y proyectos de choque para la generación, sostenibilidad y recuperación de empleos durante y después de los periodos de aislamiento obligatorio.
  • Es necesario adoptar medidas para garantizar el derecho a la alimentación, lo que supone producción, distribución, transformación, abastecimiento y consumo de alimentos. Esto no solo implica incorporar planes para brindar alimentos a familias que no están en capacidad de adquirirlos por cuenta propia, sino la generación de políticas para la protección y sostenibilidad de los productores, campesinos y campesinas que hoy están alimentando a todo el país, así como medidas adecuadas para la transformación y comercialización de sus productos. Sin olvidar la labor de control político, esencial en el papel que debe desempeñar el Concejo Municipal, muy ausente en la entrega de mercados por parte de la administración pública, estas semanas.
  • Se debe garantizar el acceso a servicios públicos domiciliarios básicos como agua, luz y gas asegurando el acceso y la prohibición del corte de servicios públicos durante al menos 4 meses. Aparte de los anuncios de la Alcaldía de asegurar la prestación del servicio de acueducto, aseo y alcantarillado durante ese aislamiento, es muy importante asegurar la posibilidad de pagar total o parcialmente los servicios de gas y energía eléctrica para toda la población, como lo aprobó el Decreto presidencial No. 517, en su artículo 7.
  • El Plan de Desarrollo Municipal debe establecer un mínimo vital en el acceso al agua y garantizar su gratuidad. Las medidas establecidas por ningún motivo deben generar endeudamiento financiero de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, por el contrario, deben otorgarse subsidios directos para cubrir de manera suficiente la gestión del agua y sus costos mensuales como forma de garantizar los contenidos mínimos del derecho humano al agua (Resolución General No. 15. ONU 2002).
  • El alcalde debe destinar un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos a la adquisición y mantenimiento de áreas estratégicas para la conservación del patrimonio hídrico.
  • Es indispensable no aprobar ninguna licencia de construcción, permiso ambiental y sobretodo un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, mientras dure la pandemia, toda vez que no se puede garantizar participación efectiva de la ciudadanía, sobre la destinación de los usos del suelo y el tipo de territorio que requiere la comunidad. Además, este momento es una oportunidad para promover iniciativas que promuevan transiciones energéticas hacia sistemas sustentables y de enfrentamiento al cambio climático.
  • En el contexto actual, el acceso a las telecomunicaciones es también un derecho y es una medida necesaria para garantizar el acceso al trabajo y la educación. En este sentido, deben instalarse más servicios de internet público, dando prioridad a sectores poblacionales que no cuentan con el mismo. Además de dotar con equipos electrónicos para garantizar el acceso.
  • Es imperativo, formular e implementar políticas, programas y proyectos de atención para la población habitante de calle que garantice el goce efectivo de sus derechos en cualquier circunstancia, en especial, en crisis como la vivida con la pandemia. En general, deben desarrollarse estrategias de protección a las poblaciones más vulnerables que sufren de manera desproporcionada los efectos de la pandemia. Construcción de albergues para la población habitante de calle y para la población migrante.
  • Es indispensable que el sistema educativo siga activo para garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes en todos los territorios, para ello es necesario que se combinen estrategias relacionadas con: la ampliación de acceso a internet, el diseño e implementación de programas educativos a través de radio y televisión, nacional, local y comunitaria, el diseño y distribución de material pedagógico en zonas donde no sea posible llegar con estrategias digitales ni audiovisuales y finalmente la adecuación pedagógica centrada en capacidades de lectura crítica, la creatividad y la convivencia.

SOBRE LOS DERECHOS DE MUJERES Y NIÑAS

  • Se debe garantizar la protección judicial a través de mecanismos como la acción de tutela y el hábeas corpus. Además, deben implementarse nuevos mecanismos ante la situación de riesgo en la que se encuentran las niñas, niños y mujeres que se encuentran aisladas con sus agresores. Si bien, medidas como la disposición de refugios temporales para estas personas son necesarios, se requiere considerar también lo difícil y traumático que resulta para las mujeres el verse obligadas a abandonar sus casas por causa de las agresiones de un tercero. Es necesario adoptar medidas encaminadas a que las consecuencias de estas situaciones sean asumidas por los agresores y no por las personas agredidas.
  • De acuerdo con la información emitida por distintas fuentes oficiales, se han incrementado de manera exponencial los hechos de violencia contra las mujeres y las niñas, así como los feminicidios en todo el país, en este período de aislamiento. A ello se une la pérdida de autonomía económica de las mujeres. Por lo tanto, es urgente que las entidades territoriales incorporen estrategias de atención y protección, así como alternativas de comunicación y denuncia para las mujeres y niñas, que se encuentran en condiciones de especial vulnerabilidad frente a la violencia doméstica (psicológica, económica, sexual) en el contexto de aislamiento.
  • Incorporar en el Plan de Desarrollo Municipal propuestas de reconocimiento, redistribución y reducción de las cargas de cuidado que en mayor medida recae en manos de las mujeres. Impulsar un Sistema municipal de cuidado con programas, planes, proyectos y recursos suficientes.

SOBRE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ EN LOS TERRITORIOS

  • La situación vivida en el contexto actual no debe frenar la implementación de los acuerdos de paz y la protección a las víctimas del conflicto armado. Es necesario que los defensores de derechos humanos cuenten con medidas de protección durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio.
  • Las limitaciones presupuestales a las que ya se veía sometida la implementación del Acuerdo de Paz pueden profundizarse con la reorientación de recursos para atender la pandemia. En este sentido, durante este periodo se pueden retrasar o incluso suspender actividades que hacen parte de la agenda de estabilización y transformación territorial producto de los acuerdos de paz. Es necesario tomar medidas para garantizar atención en salud, el suministro de alimentos y el apoyo económico dirigido a las víctimas. La redirección de recursos no puede comprometer la construcción de paz en los territorios.
  • La alcaldía debe comprometerse en la protección de la vida y la integridad de las personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, excombatientes en proceso de reincorporación a la vida civil y pueblos étnicos en el contexto actual de persecución y vulneración de la vida de estas personas. Estas medidas no pueden obviarse dentro del Plan de desarrollo municipal, ni pueden verse comprometidas por causa de la crisis actual.
  • La crisis generada por la Pandemia no puede ser excusa para promover erradicaciones forzosas de cultivos ilícitos ni aspersiones aéreas con glifosato.

PARA NO REPETIR Y PREPARARNOS PARA LAS EMERGENCIAS

  • El gobierno local debe incorporar políticas públicas municipales de la gestión del riesgo basadas en la prevención, el autocuidado individual y comunitario y la respuesta articulada y eficaz de las instituciones del orden municipal y la ciudadanía.

Finalmente, las Plataformas y organizaciones defensoras de derechos humanos nos unimos a los llamados que han realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Res 1/2020) y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en las “Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por Covid 19”, en el sentido de que la respuesta estatal a la pandemia debe ser proporcionada, necesaria y no discriminatoria, privilegiar a los sectores más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, tanto en términos médicos como económicos y que las medidas que se adopten no signifiquen una pérdida de los derechos sociales conquistados como democracias en cuanto al respeto y garantía a los derechos humanos.

Agradecemos la atención que le den la presente carta y nos ponemos a su disposición para aclarar y aportar.

Atentamente,

Guillermo Andrés Castro Rozo

Presidente Polo Democrático Alternativo de Funza

Correo electrónico: polodemocraticofunza@gmail.com

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